El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Socuéllamos ha anunciado esta semana la creación de una comisión para aplicar la Ley de Memoria Histórica. Aunque la alcaldesa, Pruden Medina, dijo en rueda de prensa que tenía previsto acometer esta empresa en la legislatura, reconoció que la urgencia del asunto viene motivada por una denuncia interpuesta por un abogado madrileño.
La Ley de Memoria Histórica entró en vigor en el año 2007, hace casi una década. Desde entonces, la aplicación de sus artículos 15 a 17, en los que se prevé la retirada de “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativos de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”, ha quedado en manos de los ayuntamientos, con suerte dispar. En muchos de ellos –como Socuéllamos o Madrid, por ejemplo-, han pasado los años sin que se hiciera nada al respecto.
Más allá de los debates que pudo suscitar esta ley de Zapatero en su momento, se trata de una ley que hay que cumplir. No es un capricho y la sociedad española, después de tantas décadas, debe haber alcanzado la madurez suficiente como para aceptar con naturalidad la incompatibilidad de la convivencia de nuestro sistema democrático y libre con símbolos de una de las etapas más oscuras de nuestra Historia.
En Socuéllamos, el callejero mantiene multitud de nombres alusivos al régimen de Franco o la Guerra Civil. No hay excusa para que en estos nueve años –en su mayoría con gobierno del Partido Popular- no se hayan tomado las medidas oportunas al respecto. Aunque uno de los argumentos más utilizados por unos y otros ha sido que “existen otras prioridades”, lo cierto es que demorar la aplicación casi una década parece excesivo.
Por otro lado, aunque tarde, nos parece acertada la creación de una comisión abierta para abordar la cuestión. En este sentido, aplaudimos la inclusión de todas las formaciones políticas –incluso las que no tienen representación municipal- y la participación de expertos e investigadores. Abordar este asunto desde diferentes ópticas ideológicas no sólo es positivo sino que se antoja imprescindible.
El principal reto de esta comisión será el de establecer unos criterios de valoración antes de iniciar el catálogo, un paso previo que cuanto más exhaustivo y claro sea, más discusiones estériles ahorrará en el futuro. Igualmente, sería bueno estudiar por separado y minuciosamente los casos locales, dadas las connotaciones personales y familiares que pueden tener para algunos de nuestros vecinos.
La exposición de motivos de la propia ley indica que ésta pretende “contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles y a dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la represión de la dictadura. Quiere contribuir a ello desde el pleno convencimiento de que, profundizando de este modo en el espíritu del reencuentro y de la concordia de la Transición, no son sólo esos ciudadanos los que resultan reconocidos y honrados sino también la Democracia española en su conjunto”.
Se trata, por tanto, de honrar a las víctimas de los dos bandos de la contienda y dar un paso hacia una democracia más desarrollada en la que el conocimiento del pasado esté presente para construir un futuro mejor, basado en el entendimiento mutuo y el diálogo.