Los regantes de Socuéllamos se han posicionado en contra de la desaparición de las comunidades locales de usuarios, tal como pretende la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG). Este viernes, en la asamblea celebrada por la Comunidad de Regantes de Socuéllamos se informó de la situación y expusieron la problemática diferentes ponentes, entre los que se encontraba el abogado especializado Miguel Ángel García Carretero y los presidentes de las comunidades de Villarrobledo, Tomelloso, Alcázar de San Juan, Las Pedroñeras y Campo de Criptana.
La situación
El escenario actual se remonta años atrás en el tiempo. En el año 2000 se aprueba para toda Europa la Ley Marco del Agua, de carácter medioambiental, con el fin de conseguir un riego sostenible y recuperar los acuíferos en calidad y cantidad.
La aplicación de esta ley ha provocado que el antes denominado Acuífero 23 se haya dividido en tres masas de agua subterránea: Mancha Occidental I (zona de Daimiel), Mancha Occidental II (en la que se encuentra Socuéllamos) y Masa Rus Valdelobos (parte de Villarrobledo hacia el este).
Una vez realizada la división, en diciembre del 2014, se produjo la declaración de las tres masas en riesgo cuantitativo y cualitativo, lo que antes se conocía como ‘sobreexplotación’. Y ahora, el siguiente paso que pretende la CHG es la constitución de una Comunidad General de Usuarios por cada masa, desapareciendo las actuales comunidades locales de regantes, o pasando a ser delegaciones sin carácter de organismo público.
El cuarto paso sería la aprobación de un Plan de Actuaciones (similar al actual Plan de Extracciones) para recuperar la declaración en riesgo de las masas.
Las consecuencias
En el antiguo Acuífero 23 existía un total de 21 comunidades de regantes que ahora, según la CHG, se dividirán en tres masas con tres comunidades generales de usuarios. Socuéllamos quedaría en la Comunidad General de Usuarios de la Masa Mancha Occidental II, que tendría su sede en Alcázar de San Juan, y perdería su figura como entidad de derecho público tutelada por la CHG, para ser una mera delegación o asociación de regantes.
Actualmente, la Comunidad de Regantes de Socuéllamos cuenta con 1.500 comuneros y abarca 15.000 hectáreas declaradas de regadío. Ofrece a los usuarios la gestión de cualquier trámite administrativo con la CHG, la lectura de los contadores y el control y vigilancia por parte del guarda. Además, se realiza la labor de precinto de los caudalímetros, una gestión que si la realiza directamente la Confederación tiene un coste de 200 euros.
Por otra parte, los usuarios de Socuéllamos son los que menos pagan de cuota en la zona. Este año han abonado 2 euros por hectárea y 10 euros por pozo al año. Además, la Comunidad tiene en propiedad un local y un coche, y tiene contratada a una persona para las labores administrativas.
Con la nueva situación, la Comunidad de Regantes de Socuéllamos teme que las cuotas de los usuarios se encarezcan y se ofrezca un peor servicio, ya que estaría centralizado en Alcázar de San Juan. Además, se pregunta qué va a ocurrir con las propiedades y los contratos en vigor.
Las medidas
La Confederación Hidrográfica del Guadiana ya ha dado orden a Alcázar de San Juan de convocar una asamblea para nombrar una comisión y redactar los estatutos de la nueva Comunidad General de Usuarios. Las comunidades aprovecharán esta convocatoria para que los usuarios voten si están de acuerdo con esta medida o no, aunque la Confederación ya ha avisado a otras masas que, desde el punto de vista legal, esta consulta no puede ir en el orden del día.
La presidenta de la comunidad de Alcázar, Araceli Olmedo, aseguró que, por el momento, no tiene fecha para celebrar esta asamblea.
En cualquier caso, la Comunidad de Regantes de Socuéllamos votó este viernes a favor de usar recursos económicos de la comunidad en caso de que la única solución sea iniciar un recurso contencioso administrativo contra la administración.
Por último, se convocó a los regantes a asistir a la manifestación organizada para el próximo 15 de diciembre en Ciudad Real y en la que también se protestará por la posible reducción de la disponibilidad de aguas en casi 1.000 metros cúbicos por hectárea y año. En este sentido, aseguran que, a partir de 2017, la dotación para la Mancha Occidental II será de 1.054 metros cúbicos.
No obstante, el Ministerio de Agricultura desmentía esta reducción en el día de ayer a través de una nota de prensa: “La cantidad de agua asignada para el regadío, en el anteriormente denominado acuífero 23, es la misma que se ha asignado años tras año desde hace un cuarto de siglo para la extracción desde el acuífero referido (Plan del 98, Plan 2009, regímenes anuales de extracción de los últimos 25 años), por lo que las determinaciones del Plan Hidrológico vigente y su revisión no proponen circunstancias diferentes para el regadío de las que se venían aplicando anteriormente”.
