El pan nuestro de cada día es el debate entre lo que es legal y lo moralmente aceptable.
Algunos parlamentarios nacionales y también de comunidades autónomas, nos plantean esta dicotomía cuando realizan trabajos como asesores de empresas que tienen relación con su actividad parlamentaria cobrando buenas comisiones por una actividad a todas luces inmoral.
Personas influyentes dentro de la política, de la economía, del mundo empresarial, de las artes, de la familia real y un largo etcétera, supuestamente con un gran amor a la patria, tienden a difuminar esa línea que separa lo legal de lo inmoral. Son, ante todo, gente con capacidad para hacerlo sin que apenas se note. Viven en España, pero tienen su residencia 'oficial' y sus capitales a buen recaudo en paraísos fiscales.
En una España como la que tenemos, con más de cuatro millones y medio de parados y de estos, más de un millón que no tienen derecho a cobertura de ningún tipo. Una España con grandes recortes en temas fundamentales para la vida de los ciudadanos como la sanidad, la educación, la dependencia o los servicios sociales. En este país, a un jubilado con una pensión de mil euros mensuales le retienen un 10% mientras que los grandes capitales de miles de millones de euros pagan el 2%. Aparte de poder acogerse a una amnistía fiscal donde el dinero, como se está demostrando poco a poco, cuando menos es de dudosa procedencia... Lo que pagan en estos casos sería ridículo y de risa, si no fuera por lo triste que es. Todo esto, según parece, es totalmente legal, pero inmoral.
Estos días, según un informe de la Agencia Tributaria (lo dan como una noticia espectacular), han aflorado, gracias a la gestión del gobierno popular, unos 13.500 millones de euros que estaban fuera de España. Y se jactaba el señor Montoro de que eso ha supuesto un 6% más de recaudación para las arcas públicas. Comparemos esto con una pensión de 1000 € al mes y el 10% de impuesto. Esto será legal, pero es inmoral.
Por tanto, ¿dónde ponemos la línea que separa lo “legal” de lo éticamente aceptable?
Descendiendo a ras de tierra, hace unos días, buceando por las redes sociales, me encuentro este anuncio de Academia Cenia: “Si quieres prepararte para la oposición de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Socuéllamos, te preparamos para superar las pruebas”. Hasta aquí, nada que objetar, una empresa legal, ejerciendo una actividad legal.
Pero cuando ves que el director de la academia es José Manuel Valadés, esposo de María del Mar Delgado, primera teniente de alcalde y concejal de Empleo y Formación de este Ayuntamiento, ya comienzan a chirriar los esquemas. Es decir, te preparan para superar unas oposiciones que va a elaborar la esposa del director, te va a seleccionar un tribunal nombrado por la esposa del director y la selección última corresponderá a la esposa del director.
¿Esto es legal? Quizás sí, pero a todas luces es inmoral. ¿Huele mal? Sí y mucho. Cuando menos es motivo de 'mosqueo'. Como en los casos anteriormente citados, ¿dónde ponemos la línea que separa lo legal de lo inmoral?
Máxime cuando esta mujer, María del Mar Delgado, está en el ojo del huracán desde hace meses y ha sido copartícipe del más grande atropello cometido en la etapa democrática de nuestro pueblo, la moción de censura al gobierno socialista. Una moción justificada, según el escrito firmado por María del Mar Delgado, por falta de transparencia.
Como dice el refrán, “la mujer del Cesar no solo debe ser honrada sino además parecerlo”. Por tanto, cuando una persona ejerce un cargo público, debe tener mucho cuidado y evitar cualquier actuación que de pie a malas interpretaciones. Aunque en este caso, por ética, sólo queda que la citada academia retire ese anuncio y la actividad programada.
Pero esto no sólo salpica a María Del Mar Delgado y a su esposo, sino a todo el gobierno municipal. ¿Es este uno de los peajes que el PP tiene que pagar por la moción de censura? Si ésta es la transparencia que los firmantes de la moción de censura nos traen, que Dios nos coja confesados, es para echarse a temblar.
Como decía un castizo socuellamino, tristemente fallecido y gran amigo mío, cuando se hablaba de algo semejante a esto: “lo mismo tiene la culpa el que mata a la vaca que el que le ata la pata”. Señores del gobierno municipal, atentos y apúntense este gol. Les ha entrado directo por la escuadra.