Cerca de cumplirse el décimo aniversario de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, más conocida como Ley de Dependencia, no podemos dejar pasar la ocasión de hacer una valoración sobre su implantación y desarrollo en nuestro país.
Con el nacimiento de la Ley de Dependencia, se vinieron a reconocer derechos a un colectivo que hasta ese momento sobrevivía gracias a la atención y cuidados de sus familias, y de los que el Estado jamás se había ocupado; eran hasta ese momento, ciudadanos de segunda, un colectivo casi invisible a los ojos de la sociedad, personas que por no contribuir al desarrollo económico del país no eran merecedores de derechos.
No sólo reconocía derechos a las personas en situación de dependencia, también reconocía la labor de aquellas personas encargadas de su cuidado (el 93% mujeres), y que desde tiempo inmemorial habían renunciado a su puesto de trabajo y a su desarrollo personal y social para atender al familiar con dependencia. El Estado empezó a cotizar por estas mujeres, para que llegado el momento, tuviesen acceso a una pensión de jubilación.
Tras la alegría inicial de los primeros años, las lagunas empezaron a aflorar: la financiación no era clara, los servicios no cubrían las necesidades de todas las personas en situación de dependencia (no se había tenido en cuenta los miles de niños que se debería atender, estaba pensada casi, solo para ancianos); muchas comunidades autónomas eran reticentes a su implantación… Y llegó Rajoy con su “la Ley de Dependencia no es viable”. Con el Decreto de enero de 2012, se dio el primer golpe a esta ley, con la eliminación y recorte hasta la mínima expresión del nivel mínimo y acordado con las distintas comunidades; y con el Decreto de julio de 2012, se le dio el hachazo mortal, con un recorte del 15% en las prestaciones y la expulsión de la Seguridad Social de los cuidadores en el entorno familiar.
La cotización a la Seguridad Social pasó a ser de carácter voluntario, y correría por cuenta del cuidador; esto llevó a que más del 90% renunció a cotizar, ya que era dinero que tendrían que quitar a su familiar con dependencia. Esta medida traerá, más pronto que tarde, un inmenso ejército de mujeres pobres, a las que el Estado deberá dar respuesta.
En los cinco últimos años han fallecido más de 125.000 personas en situación de dependencia con una prestación o servicio ya reconocido y que nunca han llegado a recibir; debido en gran parte a que el Gobierno Central alargó los plazos para crear retroactividad hasta los tres años, con el único fin de que la “evolución vegetativa” (muerte) les ahorrara costes y al mismo tiempo reducir la lista de espera; es duro decirlo, pero esa reducción debemos buscarla en los cementerios de todo el país.
Hemos visto reducidos los presupuestos en más de tres mil millones de euros durante los últimos años. El Gobierno incumple el propio espíritu de la Ley, que recogía que el Gobierno Central aportaría el 50% y el otro 50% a cuenta de las comunidades autónomas. En estos momentos, el Gobierno aporta un 18% (menos que los propios dependientes, que aportan un 19%) y el resto, las comunidades; que se encuentran asfixiadas por el cumplimiento del objetivo de déficit.
Necesitamos que esta situación se revierta; necesitamos recuperar la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores en el entorno familiar; necesitamos recuperar los niveles mínimos y acordados; necesitamos unos presupuestos realistas; necesitamos que se unifiquen los criterios de valoración: no se puede ser gran dependiente en Valencia y moderado en Madrid; necesitamos que se blinden los derechos de las personas en situación de dependencia; en definitiva, necesitamos que de una vez el Gobierno que nos ha tocado en suerte, se decida a cumplir con su obligación de atender a las personas en situación de dependencia, casi un millón y medio de personas que necesitan del compromiso de toda la sociedad en general y de los gobiernos correspondientes en particular.
UNA SOCIEDAD QUE NO ATIENDE A SUS CIUDADANOS MÁS DÉBILES, ES UNA SOCIEDAD ENFERMA