La designación de Arsenio Fernández de Mesa como nuevo consejero de Red Eléctrica de España tras su paso por la dirección general de la Guardia Civil retroalimenta una vez más los privilegios que se conceden el poder político y los sectores estratégicos y económicos de nuestro país.
El gallego podría cobrar más de 170.000 euros al año, exclusivamente por asistir a las reuniones de la compañía después de abandonar su cargo en la Guardia Civil hace menos de tres meses. Fernández de Mesa sustituye a Agustín Conde, ex-alcalde de Toledo por el Partido Popular, quien retorna a labores institucionales como secretario de Defensa de la mano de María Dolores de Cospedal.
Parece importar poco para este nombramiento la formación, los méritos o los estudios adquiridos y con frecuencia basta con formar parte de una élite ideológica, política y social capaz de sostener un sistema que les hace inmunes, poderosos y ricos y que les sitúa en una realidad muy por encima del resto.
El nombramiento se hace sin que el gobierno muestre el menor sonrojo. Estas prácticas, cuasi de privilegio feudal, se vienen haciendo con un descaro grotesco y apenas si tienen respuesta en el Parlamento y menos aún entre la ciudadanía.
Si le preguntan al ministro de Industria y Energía, Sr. Álvaro Nadal si este nombramiento tiene algo que ver con el enchufismo del gobierno y las puertas giratorias dice a la carrera que se trata de una decisión empresarial. Una decisión, por cierto, que determina una empresa con mayoría de participación estatal encuadrada en el grupo SEPI – Sociedad Estatal de Participaciones Industriales – el antiguo INI, Instituto Nacional de Industria. Hoy este organismo se parece mucho a un refugio para políticos que ‘valen mucho’.
Y todo este despropósito se hace en pleno invierno con los precios de la luz absolutamente disparados y con más de seis millones de personas que no podrán calentar su casa durante los meses de frío.
La cadena de favores entre gobierno y empresas estratégicas parece no tener fecha de caducidad y ésta se nutre de manera cíclica a lo largo del tiempo. En concreto y dentro del sector eléctrico, en el origen de todo, se sitúa el oligopolio montado por Aznar y Rato que vendieron a precio de saldo las grandes eléctricas españolas y que hoy está en manos de un lobby de cinco grandes compañías que marcan que es lo que hay que hacer con la energía y a qué precio.
El traspaso de la energía a grupos de poder privados no solo enriquece a estos y a sus valedores de forma escandalosa mientras afloja los bolsillos de los consumidores, sino que despoja a la sociedad del control de un servicio público esencial. Lo mismo podría decirse de otros servicios como las comunicaciones también fuera de control público
Es especialmente llamativo el caso de José María Aznar, que años después de vender las eléctricas se encargase personalmente de asesorar al grupo Endesa con un sueldo de entre 300.000 y 400.000 euros al año. Tampoco tuvo demasiados reparos el expresidente Felipe González en sentarse en las reuniones de Gas Natural Fenosa como consejero para cobrar por ello, alrededor, de 125.00 euros al año.
Decenas de cargos públicos han pasado de este modo por las eléctricas y todavía, actualmente, más de una veintena de ellos siguen ostentando cargos de representación en estas empresas.
Con este entramado, la cadena de favores montada funciona a pleno rendimiento y el gobierno reactualiza cuando es necesario un modelo energético teniendo muy en cuenta los requerimientos de los grupos de poder del sector y que en los últimos años, ha condenado a las energías renovables y favorecido el uso del carbón y del gas.
En este sentido, la política energética practicada por el PP ha acabado con el liderazgo mundial de nuestro país en energías renovables y ha dado un golpe mortal a una industria que suponía un importante nicho de inversiones y una cantidad nada despreciable de puestos de trabajo.
Con esta política también ha detenido un importantísimo foco de investigación y desarrollo y ha impedido germinar una nueva economía sostenible. El hachazo ha sido de tal magnitud hacia las renovables que incluso ha paralizado a miles de hogares en su pretensión de autoconsumo energético a través de su afamado impuesto al sol.
El caso de Fernández de Mesa debería hacernos reflexionar sobre el modelo energético que tenemos y las consecuencias que lastran a los que lo pagamos, que no son otros que los consumidores finales y usuarios. Tomar consciencia de este hecho, seguramente, nos haga avanzar hacia un modelo distinto, en el que se vuelva a conquistar el control y la soberanía energética y por tanto, su generación, transporte , comercialización y uso se haga de manera eficiente, sostenible con nuestros recursos naturales y sin privilegios.
De no ser así, la sumisión ciudadana será un dígito más a sumar en el contador de la luz y ya sabemos que la energía puede calentar mucho a unos pocos y dejar helados a millones de hogares en nuestro país.