Los regantes del Acuífero 23 siguen adelante en su intención de impugnar el Plan Hidrológico del Guadiana a través de un contencioso administrativo.
El presidente de la Comunidad de Regantes de Socuéllamos, Heliodoro Benéitez, ha explicado los últimos movimientos que se han dado en este sentido. La pasada semana tenía lugar una reunión en Alcázar de San Juan entre los presidentes para decidir los pasos a dar para la impugnación. En esta reunión se aprobó iniciar un proceso independiente al anunciado por la Junta de Comunidades, que también impugnará el plan, aunque en un recurso fundamentado en causas diferentes.
A quienes sí se tenderá la mano será a las organizaciones agrarias (Asaja, Coag y UPA) para que se unan a las acciones legales.
Durante el transcurso de esta reunión, los regantes valoraron la necesidad de recopilar informes técnicos así como la contratación de servicios jurídicos para iniciar el proceso. De hecho, se llegó a plantear el cobro de una cantidad por hectárea a los regantes –se habló de entre 50 céntimos y 1 euro- para sufragar los costes jurídicos.
En este punto, Benéitez recuerda que en la última Asamblea General de la Comunidad de Regantes de Socuéllamos se aprobó por unanimidad disponer de los recursos de la comunidad para el contencioso, por lo que se intentará que los regantes socuellaminos no tengan que aportar más dinero. En cualquier caso, es un asunto indefinido, pues todavía se desconoce el gasto jurídico que acarreará la impugnación.
Desacuerdos con el Plan
Según señala Benéitez, son varios los puntos que recoge el nuevo plan con los que los regantes no están de acuerdo. El principal temor nace en el aumento de la superficie de riego hasta las 195.000 hectáreas -60.000 más que el antiguo plan- sin aumentar la dotación, que continuaría en 200 hectómetros cúbicos. A pesar de que el Ministerio de Agricultura aseguró públicamente que no se reduciría la dotación, los regantes temen que surjan problemas en este sentido en el futuro.
También preocupa la posibilidad de ampliación de la superficie de riego con la misma cantidad de agua, “pero con un 15% de peaje” que se llevaría el Estado. Igualmente, en Plan es ambiguo en cuanto al derecho de prohibición de riego por parte de la administración en caso de sequía.
Otro de los asuntos peliagudos del Plan del Guadiana es el relativo a las inversiones de los agricultores para la modernización de regadíos. La administración, en este caso, se queda con el 100% del ahorro si las mejoras se realizan con subvenciones públicas y con el 50% si la modernización ha corrido a cargo del propio agricultor.
Próximos pasos
Los regantes del Acuífero 23 volverán a reunirse próximamente para seguir dando forma al recurso. Además, el próximo viernes 5 de febrero han sido citados por la Dirección Provincial de la Consejería de Fomento para tratar el asunto.
Por otra parte, la Comunidad de Socuéllamos celebrará esta semana Junta de Gobierno y, probablemente, convoque una asamblea durante el mes de febrero para informar sobre estos últimos movimientos a los comuneros.
De fondo queda la obligación de constituir la masa Mancha Occidental II, un requerimiento con el que los regantes no estaban de acuerdo. Aun así, la Confederación Hidrográfica ha instado a la celebración de una asamblea el próximo 29 de marzo en la que se deberá nombrar una comisión para redactar los estatutos.
