La organización agraria Asaja Socuéllamos y la Plataforma en Defensa de la Agricultura Ecológica han celebrado este jueves una asamblea informativa para tratar las diferentes medidas a tomar ante las reducciones de las primas en las ayudas a la agricultura ecológica. En el acto han estado presentes los representantes de Asaja y la Plataforma y también la portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino
El presidente de Asaja Socuéllamos, Pedro Alcolea, ha señalado esta asamblea se celebra porque hay “más de 180 agricultores que se han sentido desamparados ante la reducción de las ayudas a la agricultura ecológica. Vamos a llegar hasta el final defendiendo a los agricultores porque hay un daño que se ha ocasionado a mucha gente”.
Alcolea ha recordado que “hay agricultores que han hecho inversiones importantes”. “No tiene sentido que Bruselas pusiera estas medidas, que la gente se acogiera y ahora estos señores nos hagan salirnos de la agricultura ecológica porque no es rentable. Es lamentable que se gaste el dinero en Europa y cambien sin pensar en la gente que se ha quedado pillada económicamente”.
También se refirió el presidente local de Asaja a la decisión de la organización a nivel regional, que mostró su acuerdo a la modificación de ayudas. Asaja Ciudad se desmarcó de esta postura y aprobó en Comité Ejecutivo luchar contra la disminución de las ayudas. “Los demás harán lo que tengan que hacer, pero yo defiendo a los agricultores que están dentro de mi organización y el campo de Castilla-La Mancha”, dijo Alcolea.
Por su parte, Antonio Jarava, miembro del comité ejecutivo de Asaja Ciudad Real y agricultor afectado, se mostró contundente en su análisis de la situación: “A mi juicio se ha producido un desvío ilegal de fondos europeos. Partidas presupuestarias destinadas a ayudas se han desviado para pagar gastos ordinarios de la empresa pública Geacam. Este desvío es ilegal y vamos a ir a los tribunales hasta el final”.
El presidente de la Plataforma en Defensa de la Agricultura Ecológica, Anastasio Yébenes, explicó que antes de pasar el plazo legal se interpuso un recurso a la orden, “y ahora estamos planteando los recursos individuales a las resoluciones que está enviando la Consejería. Se ha pactado un acuerdo económico con los abogados para pagar 50 euros por recurso más el 5% de lo que se consiga en el proceso judicial. Animamos a los agricultores a que pongan el recurso y luchen por sus derechos”.
Yébenes considera que los agricultores han firmado unos compromisos “que hemos cumplido porque si no nos hubiesen sancionado”. “Lo que no entendemos es que el Gobierno actual revoque con carácter retroactivo todo lo escrito y nos diga que lo que hemos hecho no vale para nada. Nos ha ocasionado un daño patrimonial y nos ha estado engañando porque ya sabían en octubre lo que iba a ocurrir”.
Por su parte, Lola Merino ha asegurado que el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes está dispuesto “a llegar hasta el final”. Merino considera que esta situación es una “injusticia” y recuerda que “tenemos un PDR [Programa de Desarrollo Rural] con 1.500 millones de euros. A día de hoy no se ha convocado ni una sola medida del PDR. Había un compromiso del 2015 que hay que cumplir. De la misma manera que han dado cumplimiento a un compromiso político que era contratar a los 2.000 trabajadores de Geacam y pagarles 12 meses de sueldo, ¿por qué no cumple el compromiso con el campo aprobado desde marzo de 2015?”, se ha preguntado.
La popular ha afirmado que “García-Page ha mandado a la calle a más de 3.000 agricultores ecológicos y a más de 3.000 les ha rebajado las ayudas a un 70%. Esto es un modo de vida sobre todo para zonas desfavorecidas. Hay muchos jóvenes que tienen su futuro comprometido con la agricultura ecológica. Hay cooperativas e industrias agroalimentarias que han hecho grandes inversiones. No se puede hacer un ataque tan grande al sector agrario por defender los derechos de los trabajadores de Geacam”.
“Los agricultores han firmado un compromiso de cinco años que se tiene que cumplir y no se puede cambiar las reglas del juego a mitad del partido. Estamos dispuestos a llegar hasta el final porque no es un tema político, es defender un modo de vida y la agricultura de Castilla-La Mancha”, ha añadido.
También ha intervenido María Ángeles Rosado, vocal de la Plataforma y agricultora afectada, que ha denunciado que el Gobierno ya tenía conocimiento de lo que iba a ocurrir cuando aprobó la modificación del PDR en octubre de 2015. “Si entonces lo sabían, ¿por qué tardan tantos meses en resolver? Cuando nos resuelven llevamos ya dos campañas de inversiones. Nos han estado ocultando esta información, permitiendo que nos siguiéramos endeudando porque teníamos las expectativas de cobras las ayudas ecológicas. Sabían que nos íbamos a arruinar”.
